El envejecimiento de la población y la jubilación del ‘baby boom’ obligan a revisar el sistema con proyecciones a largo plazo y decisiones estructurales
La viabilidad del sistema público de pensiones en España ha entrado en una nueva fase. El tradicional análisis a 20 años vista, con horizonte en 2045, ha quedado superado y ha sido sustituido por proyecciones que se extienden hasta 2070, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea y de la AIReF. El objetivo es anticipar con mayor realismo el impacto del envejecimiento poblacional y evitar decisiones cortoplacistas que comprometan la estabilidad futura del sistema.
El economista Manuel Álvarez, autor de Pensiones: La promesa rota, advierte de que evaluar la Seguridad Social con horizontes reducidos resulta claramente insuficiente ante la inminente jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’. Además, subraya las grandes discrepancias existentes entre organismos en cuestiones clave como demografía, productividad o migración, lo que introduce una elevada incertidumbre en las proyecciones.
Durante décadas, los estudios se apoyaron en un marco temporal de unos 20 años, muy vinculado al Pacto de Toledo, que cumple tres décadas en 2025. Sin embargo, el rápido envejecimiento de la población y el aumento del número de pensionistas obligan a ampliar el foco. La falta de análisis a largo plazo, según Álvarez, ha limitado hasta ahora un debate profundo sobre la sostenibilidad real del sistema.
En este nuevo contexto, el Ageing Report de la Comisión Europea se ha convertido en el documento de referencia. Sus previsiones no solo miden el impacto del envejecimiento sobre el gasto en pensiones, sino también sobre el mercado laboral, el sistema sanitario y el crecimiento económico. Su finalidad es evitar políticas centradas en el corto plazo, como aumentos inmediatos del gasto o rebajas de cotizaciones, que puedan agravar los desequilibrios futuros.
Pese a su utilidad, las proyecciones hasta 2070 están sujetas a una elevada incertidumbre. Aunque las estimaciones demográficas coinciden en que España podría alcanzar los 16 millones de mayores de 65 años, existen grandes dudas sobre otros factores clave. La Seguridad Social prevé un crecimiento de la productividad cercano al 1,5% anual, una hipótesis que Álvarez considera frágil ante la dificultad de anticipar el impacto de la tecnología, los cambios laborales o la geopolítica.
Las previsiones migratorias también difieren de forma notable entre instituciones, y la evolución de la esperanza de vida podría elevar aún más el gasto en pensiones. Por último, el retraso voluntario de la jubilación tendrá un efecto limitado: para 2050, solo un tercio de los trabajadores se retirará a los 65 años y la mayoría lo hará a los 67, lo que reduce el impacto de esta medida sobre la sostenibilidad del sistema.
El cambio de horizonte hasta 2070 es un paso necesario, pero llega tarde. Durante años se ha evitado deliberadamente mirar más allá del corto plazo para no afrontar reformas impopulares. Analizar el sistema a largo plazo no garantiza soluciones, pero sí obliga a reconocer la magnitud real del problema.
